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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado una sanción de 90.000 euros impuesta a unos propietarios acusados de acoso inmobiliario. La sentencia establece una distinción clave que afecta a todos los arrendadores: ser un casero negligente con las reparaciones no es lo mismo que ser un acosador.
¿Qué pasó en este caso?
Una inquilina denunció a sus propietarios ante el Ayuntamiento de Barcelona alegando que la habían hostigado durante años para que abandonase la vivienda. La denuncia llegó justo después de que los arrendadores le comunicasen que no renovarían el contrato. El Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona impuso una sanción de 90.001 euros por acoso inmobiliario.
El TSJC, en sentencia de 16 de enero, ha revocado esa sanción. El tribunal reconoce que hubo retrasos en las reparaciones y una gestión discutible por parte de los propietarios, pero concluye que eso no es suficiente para hablar de acoso.
Un casero puede ser negligente con sus obligaciones de mantenimiento, pero eso no lo convierte en un acosador.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencia de 16 de enero de 2026
¿Qué es exactamente el acoso inmobiliario?
La sentencia define con precisión qué se entiende por acoso inmobiliario y, sobre todo, qué no lo es. Para que exista esta infracción se requieren dos elementos que deben darse de forma conjunta:
- Una atmósfera de hostigamiento de cierta intensidad, no cualquier conflicto puntual ni un incumplimiento aislado, aunque sea reiterado.
- Intención clara de forzar al inquilino a abandonar la vivienda por medios ilegítimos. El acoso inmobiliario es, por definición, una conducta intencional.
En este caso concreto, el tribunal señala que los propietarios habían firmado voluntariamente dos contratos de alquiler con la inquilina, e incluso habían acordado rebajas temporales de la renta durante obras. Eso evidencia, según el fallo, una voluntad de que la arrendataria permaneciera en la vivienda, no de echarla.
Lo que dice el tribunal: el derecho sancionador no puede utilizarse como herramienta para corregir cualquier deficiencia en la relación arrendaticia, sino únicamente aquellas que supongan una verdadera situación de hostigamiento orientada a la expulsión del inquilino por medios ilegítimos.
¿Qué significa esto para los propietarios que alquilan en Valencia?
Aunque la sentencia es del TSJC y se enmarca en la normativa catalana, la doctrina que establece es relevante en toda España, porque la definición de acoso inmobiliario parte de la legislación estatal de arrendamientos urbanos.
Para los propietarios que tienen pisos en alquiler, el mensaje es doble. Por un lado, la negligencia no está exenta de consecuencias: si tu vivienda acumula desperfectos sin resolver, el inquilino puede reclamarte por incumplimiento del contrato y exigir reparaciones o reducciones de renta. Por otro lado, no comunicar que no se va a renovar el contrato no es acoso: es un derecho legal del propietario, y el hecho de que el inquilino esté molesto por ello no convierte la relación en un caso de hostigamiento.
Lo relevante es la intención y el contexto: ¿existe una presión sistemática para que el inquilino se marche por medios que van más allá de la no renovación del contrato? Si la respuesta es no, no hay acoso inmobiliario.
En resumen: ser un casero poco diligente con las reparaciones puede generarte problemas contractuales, pero no te convierte automáticamente en un acosador. El TSJC exige intención y hostigamiento real para que exista esta infracción. Si tienes dudas sobre tus obligaciones como propietario o sobre cómo gestionar un conflicto con tu inquilino, en Pisos de Valencia podemos orientarte.
